Lucha política, narco y poder en Ayotzinapa

Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos se manifiestan en Tixtla, Guerrero, el 21 de octubre de 2014 (AFP/Eduardo Guerrero)

Sentado en una silla de metal, Oscar movía ansioso sin parar la punta del pie derecho provocando un constante temblor en todo su cuerpo, mientras miraba hacia la nada. A su lado guardaba una mochila con poca ropa para una espera que se ha vuelto interminable. 

Oscar es hermano menor de Abel García Hernández, uno de los 43 estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre, cuando fueron atacados por policías municipales de Iguala, una ciudad que queda a unos 130 km del colegio, y a la que los jóvenes habían ido a “botear”, o sea, pedir dinero a la gente en carreteras y lugares públicos para recaudar fondos con fines políticos.

Hoy, 5 de octubre, “es mi cumpleaños, cumplo 17, Abel tiene 19, casi es el único (hermano) que conozco, los otros dos viven en Estados Unidos”, dijo esbozando en su rostro moreno una sonrisa que no alcanzaba para ocultar la tristeza.

Familiares de estudiantes desaparecidos rezan en una cancha de la escuela de Ayotzinapa el 6 de octubre de 2014 (AFP/Yuri Cortez)

Abel “quería ser maestro bilingüe de español y mixteco”, platica Oscar. 

La familia García Hernández viene de Tecoanapa, una localidad ubicada en la costa del Pacífico donde aún habitan muchos indígenas mixtecos, una de las 56 etnias que hay en México. 

Tecoanapa, Tixtla, Ayotzinapa y muchos otros nombres de pueblos de Guerrero provienen de lenguas indígenas prehispánicas.

Con su padre y su cuñado, han estado esperando noticias en el patio central de la escuela, que en las últimas semanas se ha convertido en la casa de decenas de padres, hermanos y otros familiares de los 43 desaparecidos. Ahí comen, duermen y se consuelan unos a otros.

“Mi mamá no vino, es mixteca, ella no puede venir, no sabe nada de esto”, dice refiriéndose a que ella no habla español.

Ayotzinapa, cuna de la conciencia social

En el centro del patio de la escuela, los familiares han levantado un altar con veladoras y flores anaranjadas y blancas, frente al cual casi todos los días rezan el rosario.

Un estudiante sube las escaleras luego de la misa por los estudiantes desaparecidos en la escuela de Ayotzinapa el 6 de octubre de 2014 (AFP/Yuri Cortez)

Enmarcada por las tupidas montañas de la Sierra Madre del Sur, esta escuela pública para maestros no oculta su filiación política.

“Ayotzinapa, cuna de la conciencia social”, se lee en la puerta apenas llega uno. Los muros de la escuela, construida sobre una antigua finca, están llenos de coloridos motivos de la lucha campesina, pintados por los propios estudiantes que han conservado la ideologizada corriente pictórica de los muralistas mexicanos.

Bajo la mirada de Marx, Engels, Mao Tse Tung y Ernesto “Che” Guevara, representados en el mural principal de la escuela, esta comunidad vive en vilo desde la desaparición de los jóvenes.

El día que se los llevaron, los muchachos habían ido a recaudar fondos para poder viajar a la Ciudad de México, ubicada a casi 300 km. Querían participar en la tradicional marcha del 2 de Octubre, que conmemora la masacre de Tlatelolco de 1968.

La brutal persecución de policías municipales, que terminó con la desaparición de los 43 y con seis muertos, se desencadenó, según las versiones oficiales, porque los jóvenes se habían apoderado de autobuses del servicio público para regresar a la escuela.

Familiares de estudiantes desaparecidos rezan en una cancha de la escuela de Ayotzinapa el 6 de octubre de 2014 (AFP/Yuri Cortez)

El secuestro de camiones y las protestas violentas son una práctica común de esta normal fundada en 1926, en la época postrrevolucionaria de México, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas impulsó, con la creación de varias de estas normales, un gran proyecto educativo para el campo, en un país que entonces era mayoritariamente rural y cuyo gobierno se ubicaba a la izquierda. 

La escuela es una pequeña ciudad, con un gran comedor comunitario, en la que los alumnos duermen en humildes camas improvisadas con colchonetas y cartones en aulas convertidas en dormitorios. La sencillez del lugar no desentona con la belleza natural salpicada de cálidas palmeras y amplios sembradíos, en los que ellos mismos cultivan productos para su consumo.

Son egresados de esta escuela Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, líderes guerrilleros de la década de 1970, un periodo reciente de la historia de México aún no esclarecido del todo, en el que el ejército desató una feroz represión contra poblaciones de la montaña.

Una mujer trabaja en su huerto de flores cerca de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa, Guerrero, el 15 de octubre de 2014 (AFP/Yuri Cortez)

A Tixtla, el pueblo más cercano a Ayotzinapa, se llega por una intrincada y descuidada carretera que contrasta con la lujosa autopista que lleva a las paradisíacas playas y centros turísticos de Guerrero, el estado sureño en el que se ubica el famoso balneario de Acapulco.

El progreso que llegó a México en la década de 1990 con el TLCAN, simplemente pasó de lado para muchos pueblos de la montaña y la costa guerrerense. 

La influencia de la escuela se respira en Tixtla. La población se ha movilizado para llevar diariamente comida, cobijas y ropa a los familiares de los 43 estudiantes, muchos de ellos campesinos que vienen de localidades remotas en la montaña.

Una niña sentada al lado de una pintada hecha durante el entierro del estudiante Julio César Ramírez Nava, muerto en los enfrentamientos del 26 de septiembre, en Chilpancingo (AFP/Yuri Cortez)

Las camionetas del servicio público de Tixtla llevan mensajes en las ventanas que exigen la aparición de estudiantes; la policía comunitaria, creada por milicianos en 2013, vigila cotidianamente la escuela, mientras que un grupo de estudiantes de la carrera de medicina alternativa, se ha instalado en Ayotzinapa para atender el exceso de cansancio, los problemas de presión, de sueño, falta de apetito y estrés que viven estás desoladas familias.

El asesinato de un líder social que enfureció a los jóvenes

“¿Por qué?”, es la pregunta que se oye en muchas mesas de los mexicanos.

El gobierno de Guerrero, donde se ubica Ayotzinapa, se ha empeñado en decir que estos jóvenes están llenos de “rencor social porque según él han sido adoctrinados por grupos extremistas”, dice Kau-Sirenio, un indígena especialista en el estudio de las escuelas rurales de magisterio, que tampoco se ha separado de ahí desde que ocurrió la tragedia. Él dice que se generó una especie de linchamiento contra ellos que despertó un odio de la ciudadanía. 

Sin embargo, la animadversión que el gobierno municipal de Iguala tenía por los estudiantes de estas escuelas no era nueva, al menos data de mayo de 2013.

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En esa fecha se registró en Iguala otro secuestro, que concluyó con el asesinato de un reconocido líder social y otros dos compañeros, que de haber sido investigado por las autoridades “todo esto se habría evitado”, lamenta sentada en la mesa de una nevería en el centro del pueblo Sofía Lorena Mendoza Martínez, una joven política local y viuda de Arturo Hernández Cardona, quien fuera líder de la Unión Popular (UP), una organización que había aglutinado a agrupaciones de campesinos, vendedores ambulantes y otros rubros inconformes de esta ciudad de 140.000 habitantes.

 A finales de mayo del año pasado, Hernández Cardona fue secuestrado con siete compañeros más en Iguala, luego de que habían encabezado una manifestación para pedir fertilizante para los campesinos. Fue llevado por sus captores a un cerro aledaño a la ciudad.

Al día siguiente del secuestro, llegó hasta ahí José Luis Abarca, entonces presidente municipal de Iguala. Este hombre, ahora prófugo de la justicia, mató al líder social con sus propias manos, denunció la viuda.

“Qué tanto estás chingando con el abono (fertilizante para el campo), ahora me voy a dar el gusto de matarte”, le dijo el ahora exalcalde antes de ultimarlo a balazos, según ella.

Entre los ocho secuestrados, tres fueron asesinados y otros cinco lograron huir entre la maleza del monte cuando se distrajeron sus captores, “que estaban muy drogados”.

Vista desde un helicóptero de las montañas del estado de Guerrero, cerca de Chilpancingo, durante un operativo de seguridad de la policía federal mexicana el 21 de octubre de 2014 (AFP/Ronaldo Schemidt)

Este asesinato fue denunciado ante el ministerio público estatal y ante un alto funcionario de la fiscalía federal por el chofer del líder asesinado que estuvo entre los secuestrados y fue testigo del crimen, pero nadie investigó.

El hallazgo del cuerpo de Cardona ocurrió el 3 de junio de 2013. Días antes su esposa convocó a las organizaciones a una manifestación frente a la alcaldía para exigir su aparición. 

Los estudiantes de Ayotzinapa "siempre fueron muy solidarios con Arturo”, recuerda Sofía Lorena en la entrevista.

 El día que apareció el cuerpo del activista, acudieron a la manifestación, que se tornó violenta quemando puertas y ventanas de la presidencia municipal. Los funcionarios que ahí trabajan dicen que los jóvenes rompieron mobiliario y computadoras.

Desde la llegada a la alcaldía en 2012 de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, una pareja que gobernaba con mano de hierro, entre la población era un secreto a voces que el gobierno local estaba totalmente coludido con el cartel de Guerreros Unidos.

Ahora se sabe que el día del ataque a los jóvenes , la esposa del alcalde daría un discurso en el centro de Iguala y no quería que las protestas estudiantiles se lo echaran a perder.

Un miembro de la gendarmería mexicana en una operación de búsqueda de los desaparecidos en las afueras de Cocula, estado de Guerrero, el 19 de octubre (AFP/Ronaldo Schemidt)

En las últimas semanas la fiscalía ha descubierto que el cartel pagaba la nómina de los policías municipales y que dos hermanos de Pineda Villa, ahora fallecidos, habían sido importantes cabecillas del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Por miedo la gente calló desapariciones, secuestros y extorsiones. A raíz de la desaparición de los 43 estudiantes, una tragedia que atrajo la atención nacional y extranjera, ha salido a la luz que los cerros que rodean a Iguala están plagados de entierros clandestinos, a donde por la noches los integrantes del crimen organizado subían para torturar y asesinar impunemente a sus enemigos. 

Los pobladores de humildes barrios de la periferia de la ciudad han narrado que en medio de la oscuridad oían gritos y lamentos de los torturados.

Habitantes de la colonia Loma de Zapatero dicen que la madrugada del 27 de septiembre, las camionetas de policías municipales cargadas de estudiantes subieron por esas polvorientas calles perdiéndose más adelante entre puras brechas y en la profunda vegetación.

Porqué Guerreros Unidos los quería en su poder

La fiscalía federal ha detenido a más de 50 personas, 36 de ellas policías municipales e integrantes del cartel Guerreros Unidos, incluido su máximo líder, sin dar con los estudiantes.

La explicación oficial es que los policías municipales entregaron a los estudiantes a Guerreros Unidos. 

Pero ¿por qué Guerreros Unidos querría tenerlos en su poder?

Manifestantes marchan en Acapulco, estado de Guerrero, por la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala el 17 de octubre de 2014 ((AFP/Ronaldo Schemidt)

La mañana del 27 de septiembre uno de los jóvenes apareció muerto en una calle de Iguala, con severas marcas de tortura y desollado.

“A estos estudiantes les dieron trato de sicarios” aplicándoles un brutal método, utilizado por los carteles del narcotráfico, para extraer información de sus enemigos, dijo esta semana Héctor Aguilar Camín, un reconocido analista político, en una de sus participaciones en una mesa de análisis del canal Foro TV.

El padre Alejandro Solalinde, un reconocido y aguerrido cura defensor de los derechos humanos, asegura que tiene al menos tres testimonios directos que dicen que los 43 estudiantes fueron quemados vivos.

En la misma mesa de análisis, Eduardo Guerrero, experto en seguridad nacional, explicó que este grupo delictivo es producto de la fragmentación del desarticulado cartel de los Hermanos Beltrán Leyva. 

Tras la ruptura del cartel de los Beltrán Leyva, Guerrero Unidos tuvo que empezar a utilizar rutas de trasiego de droga que están en el territorio controlado por el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), un grupo guerrillero surgido en 1997.

Una pintada acusando de asesino al alcalde de Iguala en las instalaciones del gobierno de Guerrero, en Chilpancigno el 20 de octubre de 2014 (AFP/Eduardo Guerrero)

Según el experto, el ERPI había estado cobrando una cuota a Guerreros Unidos por pasar por su territorio. Él cree que el ataque a los jóvenes, la mayoría entre 17 y 21 años, estuvo motivado por la relación que podría haber entre la escuela de Ayotzinapa y esta organización guerrillera.

Guerrero es uno de los mayores productores de marihuana y amapola en el país y por sus costas en el Pacífico ingresa una buena cantidad de cocaína proveniente de Sudamérica que va a Estados Unidos. 

La forma en que los estudiantes podrían haber estado colaborando con esta guerrilla es algo que hasta ahora nadie ha explicado. 

Pero el temor de Guerreros Unidos lo compartió un agente de la fiscalía estatal la noche del 4 de octubre, cuando cuidaba con otros uniformados el acceso a un cerro en el que fueron halladas cinco fosas clandestinas con 28 cuerpos.

Tomando café en una casa de madera en las faldas del cerro, mientras los peritos forenses trabajaban con lámparas en la exhumación, el uniformado dijo a la AFP que todo esto sucedió porque los miembros del cártel pensaban que a través de los estudiantes “la guerrilla se les quería meter a Iguala”, un territorio que hasta ahora habían controlado a sus anchas.

Familiares piden por la aparición de los estudiantes en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México el 19 de octubre de 2014 (AFP/Yuri Cortez)