Soldados venezolanos montan guardia en un puesto de control en Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, en la frontera con Colombia, el 14 de septiembre de 2015 (AFP / Federico Parra)

El negocio de sobrevivir en la frontera Venezuela-Colombia

LA GUAJIRA, frontera Venezuela-Colombia, 23 de septiembre de 2015 - Una larga fila de vehículos viejos y destartalados indica que la frontera entre Colombia y Venezuela está cerca. Conocidos como “lanchones” por su longitud, estos automóviles -con tanques capaces de albergar hasta más de cien litros de gasolina- simbolizan el contrabando de mercancías que domina la economía de la Guajira colombo-venezolana.

Golpeada por la pobreza y la carencia de servicios públicos, esta región paradójicamente genera millonarias ganancias para las mafias que aprovechan las diferencias abismales de precios entre los dos países, haciendo de la ilegalidad una rutina.

Soldados venezolanos revisan los vehículos en un puesto de control en Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, el 14 de septiembre de 2015 (AFP / Federico Parra)

En la frontera parece que el tiempo no pasa. Generación tras generación el negocio más lucrativo ha sido el del comercio ilegal amparado en la impunidad: gasolina, alimentos básicos, productos de cuidado personal, cemento y, recientemente, hasta billetes del bolívar venezolano… Cualquier producto con precios regulados por el gobierno venezolano se vende con astronómicas ganancias al otro lado de la frontera gracias al diferencial cambiario entre el peso colombiano y el bolívar.

El contrabando en Zulia o Táchira, dos de los estados más poblados de Venezuela, no es nuevo. Desde hace décadas el tráfico de mercancías ha encontrado terreno fértil en poblaciones colombianas como Maicao, Paraguachón o Cúcuta, y venezolanas como Paraguaipoa, Ureña o San Antonio, donde esa actividad es la tabla de salvación para muchos ante la falta de oportunidades.

Miembros de la etnia Wayuu cruzan la frontera de Colombia en Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, frente a soldados venezolanos, el 14 de septiembre de 2015 (AFP / Federico Parra)

Hace 20 años la fortaleza del bolívar frente al peso propiciaba que las mercancías se llevaran de Colombia a Venezuela. Pero tras el paso de la revolución bolivariana la relación monetaria se invirtió, y hoy el peso colombiano muestra una fortaleza que muchos añoran en el lado venezolano, con una economía asfixiada por un modelo centralista –calificado por el gobierno como socialista- que incluye un control de cambio que impide la compra y venta libre de divisas y que es generador de buena parte de las distorsiones en la economía de frontera.

Y para los habitantes de la región todo esto ocurre ante la vista gorda de las autoridades –civiles y militares-, a quienes no pocos acusan de beneficiarse de una u otra manera del mismo negocio ilegal que se supone deben combatir.

Un camino de gasolina

Trasladarse de Maracaibo -la capital de Zulia y tercera ciudad más importante del país- hasta la frontera en Paraguachón, en el extremo norte, toma aproximadamente tres horas en una carretera asfaltada, llamada la Troncal del Caribe, que recorre casi 120 kilómetros.

Soldados venezolanos detienen un camión en un puesto de control en Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, en la frontera con Colombia, el 14 de septiembre de 2015 (AFP / Federico Parra)

Y mientras se avanza hacía “la línea” y va quedando atrás la capital zuliana, empiezan a aparecer tímidamente los vendedores de combustible.

A orillas de la carretera, usando envases de cinco litros para agua mineral, se ofrece la gasolina para la venta a partir de unos 70 u 80 bolívares el litro. Este precio es al menos 700 veces más alto que el regulado de 0,097 bolívares por litro que se paga en las estaciones de toda Venezuela, que a fuerza de subsidios tiene la gasolina más barata del mundo.

Mientras más cerca se está de territorio colombiano, más caro es el precio del combustible.

Venta de gasolina venezolana de contrabando en Cúcuta, Colombia, el 26 de agosto de 2015 (AFP / Luis Acosta)

Al cruzar “la paila negra” (una carretera llamada así porque se asemeja a una cacerola ahumada por su total oscuridad en las noches, además carente de señalización) se enfila hacia la aduana del río Limón. Este es un punto de control de las autoridades militares, aduaneras y de inmigración, donde se revisa vehículo por vehículo en busca de contrabando o indocumentados.

Aquí, apenas a 50 kilómetros de Maracaibo, ya se percibe el ambiente de frontera. Durante los primeros días del estado de excepción decretado en esta región a principios de septiembre por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, la fila de vehículos para cruzar esta aduana era kilométrica, pues la medida del gobierno provocó que este paso se cerrara por las noches y se reabriera a las seis de la mañana.

Venezolanos que regresan de Colombia están varados en la frontera en Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, el 9 de septiembre de 2015 (AFP / Juan Barreto)

El trayecto, por recomendación de un taxista de la zona, debe hacerse de día. “De noche en esta vía roban carros”, dice, como uno de los crímenes posibles. Faltan el sistema de justicia y las leyes; la impunidad posible se siente de cerca.

A las seis y media de la mañana la cola ya es larga. Abundan los vehículos con fallas y recalentamiento pues son sometidos a un régimen de cientos de kilómetros al día de ida y vuelta a la frontera, transportando las mercancías que se filtrarán ilegalmente. Con 30 o 40 años a cuestas, muchos de estos automóviles ya no dan para más. Parece un museo de transporte en el que rugen vehículos Chevrolet Caprice, Nova y Malibu; Ford Bronco, LTD y Fairlane; y Dodge Dart, entre otros modelos.

Soldados venezolanos revisan un vehículo en un puesto de control en Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, el 14 de septiembre de 2015 (AFP / Federico Parra)

Tras cruzar el río Limón divisamos el territorio wayúu, la etnia indígena reconocida por el gobierno venezolano como legítima ocupante de la península, con sus propias leyes y autoridades, y que engloba a cinco millones de personas entre Colombia y Venezuela, que en la mayoría de los casos ostentan ambas nacionalidades.

El conductor que nos lleva al paso fronterizo se sorprende de cómo han mermado las ventas ambulantes de gasolina, cuando lo corriente es que se acumulen a ambos costados de la vía: los quioscos hechos de madera y palmas secas, con bidones de gasolina expuestos en la carretera, han formado parte del paisaje tradicional de  la ruta.

Vehículos esperan para pasar en un puesto de control en Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, el 10 de septiembre de 2015 (AFP / Juan Barreto)

Pese a la reducción, todavía se ven hombres jóvenes y hasta adolescentes gesticulando números con las manos para ilustrar los precios: 200, 240, 280 bolívares por cinco litros.

Es notoria la ausencia de un Estado que saque de la pobreza a estas poblaciones rurales. En los pueblos y caseríos abundan las viviendas precarias de un solo ambiente, sospechosas de ser depósitos de combustible. Para sorpresa nuestra, también hay casas muy bien construidas, pintadas y ornamentadas.

Miembros de la etnia wayúu cruzan la frontera de Colombia en Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, el 14 de septiembre de 2015 (AFP / Federico Parra)

“Es que los wayúu tienen plata de sus negocios”, dice un transportista de la zona, sin aludir directamente a la legalidad de esa economía y evitando suministrar detalles que puedan comprometerlo.

Los contrastes en las casas y el secreto a voces de que los indígenas están muy ligados a esta economía informal, levantan suspicacias. Un operativo conducido por la Guardia Nacional venezolana descubrió una “caleta” o escondite de contrabando dentro de una casa perfectamente decorada, pero que más allá de cuatro paredes no tenía ninguna habitación o mobiliario, sino pilas enormes de azúcar y arroz venezolano, listos para ser despachados hacia Colombia.

Este es el panorama en la población llamada Los Filudos. El vallenato, la cerveza y el olor a combustible son los símbolos de esta comunidad.

Venezolanos que regresan de Colombia están varados en la frontera en Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, el 9 de septiembre de 2015 (AFP / Juan Barreto)

Lo extraordinario se hace cotidiano

Las temperaturas de casi 40 grados centígrados, la humedad y la poca infraestructura convierten a la Guajira en una zona inhóspita, pero además desesperanzada ante la falta de alternativas de trabajo.

Las limitaciones en servicios públicos hacen inevitable la pregunta sobre cómo se atiende a un enfermo en un ambulatorio u hospital en las cercanías de la frontera. “¡Ay, a esa gente hay que llevarla a Paraguaipoa o Maracaibo!”, dice una mujer cuya vivienda está edificada a un costado de la Troncal del Caribe a 200 metros de la línea limítrofe. Ella misma se queja del cierre de frontera que perjudica su negocio de venta de alimentos y bebidas, pues asegura que “el contrabando no pasa por esta carretera, sino que todo el mundo sabe que es por las trochas (caminos de tierra)”, que son más de 100 según los habitantes del área.

La atención médica no es lo único deficiente. El acceso a los alimentos es exponencialmente más difícil y costoso que en Maracaibo.

La escasez e inflación en Venezuela, cuyas cifras el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha decidido no reportar, golpean con fuerza a los habitantes de la Guajira. Algunos economistas estiman en 200% el aumento del costo de vida al cierre de 2015. El efecto del contrabando o "bachaqueo" de alimentos se percibe en los costos.

Venezolanos que regresan de Colombia caminan hacia la frontera en Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, el 9 de septiembre de 2015 (AFP / Juan Barreto)

Un kilo de arroz, cuyo precio regulado por el gobierno venezolano es de 25 bolívares (0,03 dólares a la tasa de cambio del mercado negro) puede venderse hasta por 20 veces su valor, es decir, 500 bolívares. Lo mismo sucede con otros rubros básicos como harina de maíz, café, azúcar. Estos son precios prácticamente impagables para familias humildes, considerando que el salario mínimo nacional es casi 7.500 bolívares (poco más de 10 dólares).

Así, la única opción para muchos pobladores guajiros es comprar los alimentos en los esporádicos programas sociales de la gobernación del estado Zulia o del gobierno nacional, donde les suministran cantidades limitadas de los productos básicos.

La escasez alcanza incluso los billetes de 100 y 50 bolívares, los de más alta denominación, que son comprados hasta en 30 o 50% por encima de su valor a ambos lados de la frontera, para poder utilizarlos en la adquisición de mercancías reguladas en Venezuela. Ante la fuerte devaluación y por cuestiones de logística, no conviene cargar grandes fajos. Esto ha provocado que los bancos y cajeros automáticos en las ciudades fronterizas tengan problemas para dispensar dinero en efectivo a sus clientes, y que hayan limitado los montos de los retiros.

Soldados venezolanos montan guardia en un puesto de control en Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, en la frontera con Colombia, el 9 de septiembre de 2015 (AFP / Juan Barreto)

Militarización en zonas con gran peso electoral

La instauración del estado de excepción y la militarización de toda la frontera venezolana con Colombia en Zulia, en búsqueda de contrabandistas y presuntos paramilitares, le creó el inconveniente a los pobladores de la zona de que los militares les decomisan parte de la mercancía que incluso compran en programas de ayuda, bajo sospecha de que es contrabando.

Progresivamente el presidente Maduro ha ordenado, en el lapso de un mes, el cierre y la militarización del territorio limítrofe de 2.219 km, restando solo por extender la medida a cuatro municipios del lejano estado Amazonas, en el sur de Venezuela.

Un miembro de la Guardia Nacional de Venezuela comprueba las pertenencias de indígenas Wayuu en una alcabala cerca de Mara, Venezuela, en la frontera con Colombia, el 14 de septiembre de 2015 (AFP / Federico Parra)

Pero luego de casi tres semanas de cierre, en Maracaibo y otras poblaciones de Zulia se sigue presentando una severa crisis de escasez de productos básicos. Las colas no desaparecen, como tampoco ha ocurrido en Táchira, y en la totalidad de una Venezuela sumidad en una severa crisis económica gestada desde 2012, antes de la caída mundial del precio del petróleo ocurrida el año pasado.

Mientras, a poco más de dos meses de una crucial elección legislativa que por primera vez podría perder el chavismo, sigue en pie la militarización de miles de kilómetros de frontera que abarcan Táchira y Zulia, con un gran peso electoral y donde el estado de excepción limita el derecho de reunión y autoriza los allanamientos y las escuchas telefónicas sin orden judicial.

Ernesto Tovar es periodista de AFP en la oficina de Caracas. Síguelo en Twitter.

Soldados venezolanos revisan un vehículo en un puesto de control en Paraguachón, estado Zulia, Venezuela, en la frontera con Colombia, el 9 de septiembre de 2015 (AFP / Juan Barreto)