Cubrir desapariciones forzadas en Medellín
Corresponsal de AFP en Bogotá
MEDELLÍN, Colombia, 20 de agosto de 2015 - Preguntar qué pasó a quien tiene un familiar desaparecido es como escarbar en una herida abierta. Como agregar sal a aquello que sigue al rojo vivo. Por eso, indagar sobre este tema en la Comuna 13 de Medellín, escenario de todos los actores del conflicto armado que hace más de medio siglo azota a Colombia y donde a fines de julio comenzó la búsqueda en un vertedero de restos de personas desaparecidas en las últimas dos décadas, era un reto de tacto como periodista.
Con esa premisa, llegamos con el fotógrafo Raúl Arboleda y la videasta Roser Toll a este deprimido conjunto de barrios ubicado en los cerros occidentales de Medellín. En la Comuna 13 debíamos cubrir el inicio de las excavaciones ordenadas por las autoridades en el lugar conocido como La Escombrera. Su objetivo es remover inicialmente unos 24.000 metros cúbicos de tierra para desenterrar las decenas de cadáveres que pueden yacer allí según ex miembros de grupos irregulares de extrema derecha, activos en la zona desde finales de la década de 1990, y organizaciones de víctimas.
La cautela se convirtió en el requisito autoimpuesto para tratar con quienes no han podido hacer su duelo: sin un cuerpo al cual velar, familiares y amigos siguen esperando el regreso de sus seres queridos. Lograr que contaran su historia sin hacerles ahondar en el sufrimiento era todo un desafío de diplomacia. Para conocer el pasado reciente de la populosa Comuna 13 había que ganarse primero la confianza de sus pobladores. Subimos entonces por los estrechos caminos que la surcan, por donde sólo pasan peatones y motos.
En la década de 1990, esas calles escarpadas eran controladas por milicias de izquierda vinculadas a guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), surgidas a mediados de los años 1960 en los albores del conflicto armado colombiano. A comienzos del 2000, paramilitares de derecha empezaron a disputar el poder a los milicianos y en 2002, el Estado llevó a cabo una violenta toma del territorio, la tristemente célebre Operación Orión, que dejó varias decenas de muertos y cientos de heridos y desaparecidos, y que según analistas y pobladores, permitió la instalación en la zona de milicias de extrema derecha en los años siguientes.
Como si la violencia política no bastara, pequeños grupos de delincuentes, conocidos como “combos”, se dedicaron a la extorsión y al tráfico de drogas al por menor, y se afianzaron como bandas criminales luego de la desmovilización masiva de los paramilitares impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe entre 2003 y 2006, a cambio de confesiones y beneficios judiciales.
Por todo esto temíamos encontrar un muro de silencio sobre el pasado reciente de la Comuna 13. Pero el carisma “paisa”, como se distingue a los habitantes de esta zona del país que se caracterizan por su don de gentes, parece no haberse amilanado por el horror de la violencia. Con calma e incluso entre sonrisas y un vaso de gaseosa, los vecinos nos mostraron las marcas por arma de fuego que permanecían visibles en algunas casas, y relataron sus estrategias para sobrevivir entonces, lo que nos permitió reconstruir sus historias de sangre, miedo y dolor.
Nos contaron, por ejemplo, cómo era caminar haciendo caso omiso a los muertos tirados en las calles, o cómo ponían colchones en las paredes cuando había tiroteos para protegerse de las balas perdidas. O nos decían que entonces era común faltar al trabajo porque el barrio estaba “prendido” (en pleno fuego cruzado) y salir de casa significaba un suicidio. O incluso cómo pedían a los maestros que retuvieran a sus hijos en la escuela mientras pasaba la balacera.
Recordar los años más calientes de esa zona de Medellín fue, sin embargo, más complicado para quienes no han cerrado ese duro capítulo de sus vidas. A los familiares de desaparecidos aún los persigue el miedo. Enfrentados a periodistas, temían dar detalles de su vida, repetían lo mismo una y otra vez.
Por eso, conectar con ellos requirió más tiempo, más muestras de comprensión y compasión, algún abrazo y mucho más cuidado a la hora de preguntar. Una de las víctimas finalmente accedió a abrirnos su casa, algo a lo que otras se mostraban reacias. Normal: muchas, además de perder a uno o más seres queridos, debieron dejar su barrio por amenazas y no querían revelar pistas sobre su nueva dirección en Medellín, una urbe de dos millones de habitantes y fuertes contrastes sociales aún hoy.
Otras argumentaban que en la Comuna 13 siguen delinquiendo y merodeando los paramilitares, los principales responsables de las desapariciones forzadas según investigadores. Pero para mostrar la complejidad de la Comuna 13, que tiene víctimas de distintos victimarios, no era suficiente conocer una o dos historias. Era imperativo ver varias caras del dolor.
Escuchar, observar, intentar reconstruir. Eso buscamos hacer durante los tres días que estuvimos en el sitio hablando con familiares de desaparecidos, activistas de derechos humanos, historiadores, expertos forenses, funcionarios de la fiscalía, empleados de la alcaldía. A través de sus relatos fuimos testigos del horror de esos años de plomo. Aún resta saber si, al término de los cinco meses previstos para la primera etapa de las excavaciones en La Escombrera, habrá respuestas para las madres, hijas, sobrinos, hermanos o tíos que preguntan por alguien que salió de casa y nunca regresó.
Paula Carrillo es corresponsal de AFP en Bogotá.